PARTICIPACIÓN DEL DR. ALFREDO CRESPO
Subsecretario de MOVADEF
“Como ha afirmado el Dr. Valle Riestra, la amnistía general se ha dado más de una vez: en 1945 con Bustamante y Rivero, después en 1956 en el gobierno de Prado, después Velasco en los años 70. Allí salieron en libertad miembros del movimiento guerrillero de 1965, entre ellos el compañero Héctor Béjar. También hubo en el gobierno de Belaúnde. Y más reciente, por los sucesos de Locumba, el congreso decretó una amnistía que favoreció al actual presidente. La amnistía pone fin a la persecución, a los juicios, a la carcelería. Ahora, lo que vivimos en el Perú en el año 80 fue una guerra civil, es decir, un enfrentamiento armado entre personas del mismo territorio, del mismo país, de la misma nación. Y ésta ha sido una guerra por el poder. El 17 de mayo de 1980, el Partido Comunista del Perú, encabezado por el Dr. Abimael Guzmán Reinoso, inicia esta guerra contra el Estado, y éste tenía que defenderse: policías y soldados fueron designados por los políticos en esa defensa. Por ambos lados había objetivos políticos. Unos, conquistar el poder político y, por parte del Estado, defender el poder político. El móvil es la lucha por el poder, es un problema político. Parte de la población se alineó a favor de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Igual, el Partido Comunista contó con apoyo y participación del campesinado. Muchos estudiosos del tema afirman que sin apoyo popular ésta guerra no duraba un año. Es pues una guerra civil, o como lo llama la comisión de la verdad y reconciliación, es un conflicto armado interno”.
DR. ALFREDO CRESPO:
LA AMNISTÍA GENERAL ES UNA NECESIDAD POLÍTICA DE LA SOCIEDAD”
“Algunos dicen que planteado así, es poner al mismo nivel a las fuerzas armadas y a los senderistas. No es así. La historia le dará su lugar a cada cual. También dicen ¡Sendero Luminoso comenzó la guerra!, pero el problema no es quién disparó primero, como dice Lenin, sino cuáles son las causas y quiénes responden por esas causas que dieron origen a esta guerra. Ya hay un análisis incluso del ejército peruano, ellos reconocen que esas causas -la marginación, el atraso, el abandono- son responsabilidad del Estado. Esos son los condicionantes de la guerra, no determinantes pues ahora también hay abandono y miseria, atraso y postergación de las masas, pero lo que ocurrió en el 80 fue producto de un proceso de agudización de las contradicciones sociales de la sociedad peruana. Esta situación revolucionaria en desarrollo llevó a muchos intelectuales, personalidades y hombres de izquierda de la época a ver que la única salida para el pueblo era la lucha armada. Era lo que reclamaba la izquierda, recuerdo que en una ocasión Horacio Zeballos habló en la plaza San Martín con un fusil de palo en la mano. ¡Este es el camino! ¡La lucha armada!, decía. Ese era el sentimiento de esa época. Muchos se preguntaron ¿quién le pone el cascabel al gato? El único que se atrevió fue el Partido Comunista, e iniciaron la guerra contra el Estado peruano. Así fueron las cosas. Muchos propugnaban la lucha armada, hasta Vargas Llosa era admirador de la revolución cubana y de la lucha armada. Era el sentimiento de la época, debido a la existencia de condiciones objetivas y subjetivas. Objetivas: miseria, atraso, postergación y hambre de nuestro pueblo. Y subjetivas: un Partido Comunista reconstituido en un proceso por la fracción roja encabezada por Abimael Guzmán y que preparó ese partido para llevarlo a esa lucha armada. Eso tuvo su proceso, y termina con la captura de Abimael Guzmán y de otros miembros de la dirección central del Partido Comunista.
El problema de la guerra es un problema de dirección política. Habiendo caído la dirección, todo entra en problemas. Por eso, al año, Abimael Guzmán, jefe del partido, pide iniciar conversaciones para un acuerdo paz, para terminar esa guerra. Porque se dio cuenta que esa guerra no podía llegar a su objetivo político de conquistar el poder. Pero no lo plantea el mismo día que es presentado en la jaula de la DINCOTE. ¿Porqué? Porque los que están afuera debían darse cuenta lo difícil que era continuar la guerra con problemas de dirección política.
Esa fue una iniciativa de Abimael Guzmán, en octubre de 1993.Yo lo visito en San Lorenzo, y me dice: ha venido a conversar conmigo el Sr. Montesinos porque he pedido al gobierno una solución política. Todos sabemos que este acuerdo de paz no se concretó. Los que estaban afuera, una parte dijo: no, podemos seguir. Ya sabemos en qué terminó Ramírez. Otros se desprendieron de allí y todavía siguen, pero ya como un grupo totalmente ajeno al Partido Comunista. Han pasado 30 años desde el inicio, ¿adónde llegaron?
Ahora, un problema político requiere una solución política. La amnistía general es la forma de resolver ese problema. No se soluciona mandando a todos a la cárcel. La reconciliación nacional es necesaria para todo el país y la amnistía general debe darse por conveniencia política, para civiles, militares y policías, para que la sociedad resuelva sus problemas y siga desarrollándose”. (M.G.)
PARTICIPACIÓN DEL GNRL. WILSON BARRANTES
“En cualquier tipo de Estado, el poder es el instrumento con que se dispone para ejercer la voluntad e imponer sus posiciones como tal. Y ese poder lo emplea tanto en una guerra externa como en una interna, con los instrumentos coercitivos del poder, que en este caso son las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, el poder judicial. Y entonces ¿qué ocurrió en el pasado reciente? Dentro de la doctrina de nuestro Estado, ocurrió una guerra interna. Eso es lo primero que tenemos que aceptar los ciudadanos del Perú. No hemos vivido disturbios o alteración del orden público, sino actos de guerra.
La participación de las fuerzas armadas en los últimos cien años es conocida. Ha participado en los sucesos de 1932 o 33, - el partido aprista con la leyes del 90 hubiera sido el primer partido terrorista en el Perú porque pretendió llegar al poder vía la lucha armada-. El Estado en esa oportunidad hizo uso del poder. Ese es el primer evento en que el Estado, vía fuerzas policiales y fuerzas armadas, pasa a intervenir en los conflictos políticos. Posteriormente en los años 48, el año 63 con la frustrada acción del movimiento de Javier Heraud, en el año 65, 66, con el movimiento de De la Puente Uceda. Antes del año 80, hemos visto en esos eventos la participación de las fuerzas armadas, no es algo nuevo lo que ocurrió en el año 80. En este marco, el presidente es el responsable político por la conducción, como jefe supremo de las fuerzas armadas. En el consejo de seguridad nacional, él toma esta decisión, junto a sus ministros y el presidente del sistema de inteligencia, es decir, un conjunto de personas deciden ingresar a las fuerzas armadas para la solución del problema. Algunos analistas dicen que éste ha sido un conflicto entre los alzados en armas y el ejército de las fuerzas armadas. Falso. Este es un conflicto entre el Estado y los alzados en armas. Lamentablemente, el Estado ha querido siempre resolver los conflictos de la manera más violenta. En los años 80, cuando el presidente Belaunde decide hacer uso de la fuerza armada lo hace recién en el 83, muchos decían que se demoró, pero sabía que iba a haber un costo de sangre, que él quería evitar. Es lo mismo que nos pasa a nosotros los que conocemos el tema de la guerra, no queremos que esto vuelva a suceder porque sabemos lo que significa ingresar a una guerra: hay pérdida de vidas humanas, hay derramamiento de sangre. Por eso es muy importante lo que estamos discutiendo desde diferentes perspectivas. Es necesario entender qué pasó en ese proceso.
No existe un documento que diga: vamos a aniquilar al pueblo, a los campesinos, a la organización “Sendero Luminoso”, porque ese sentimiento de pacificar el país tuvo una planificación que pasó por adecuarnos a las circunstancias del año 80 y 90. Nunca hubo una política sistemática para violar los derechos humanos de la ciudadanía, del pueblo, de la comunidad o por último de los alzados en armas. Eso debe quedar bien sentado.
GENERAL BARRANTES: “¿Dónde estuvieron los grupos hoy llamados progresistas, de izquierda, caviares? ¿Y dónde está la culpa que te corresponde a ti, como actor político, como ciudadano de ese momento? Mientras los guachimanes del Estado estábamos en la guerra, ¡ellos tomaban su café! ¡Ellos reciben su filón desde el extranjero, por eso se oponen a una solución!
Ha habido excesos, tenemos que aceptarlo, porque son excesos naturales en una guerra. Miren, en una zona de guerra máximo se debe estar 6 meses. Pero el Estado peruanosinvergüenza, trafero, corsario-, mandaba a las tropas 18 meses, no había forma de regresarlos. Eran seres humanos que sufrieron el “shok post traumático”, soldados que hacían el servicio militar obligatorio, ellos nunca hubieran querido verse en ese problema. Hoy tenemos muchos detenidos acusados de haber realizado genocidios, supuestas desapariciones forzosas, delitos de lesa humanidad. Hasta ahora el ministerio público no ha tipificado las causas de estos supuestos genocidios.
En los años 80 y 90, ingresan las fuerzas armadas enfrentadas a dos movimientos que se levantan contra el Estado, como consecuencia y reflejo de lo que ya venía sucediendo desde los años 60, con la Revolución Cubana. Como se ha dicho, había un sentimiento de la época. Actualmente, las condiciones son otras. Se quiere pensar que sale Guzmán y al día siguiente llama a la lucha armada. Personalmente creo que eso no puede pasar porque las condiciones son otras. Indudablemente, Sendero Luminoso con su guerra popular prolongada maoísta propone un nuevo escenario: la población. Ese fue el actor más importante, por eso la estrategia que se diseña por el lado nuestro fue la de controlar la población. Se le da una nueva dirección estratégica a la guerra. Buscamos el control de la población a través de las rondas campesinas. Los costos han sido altos en pérdidas de vidas humanas, y no vamos a decir “nosotros matamos menos”, esa es una tontería. La muerte de un ciudadano es tan lamentable como la de cien o mil.
Hemos llegado al año 92 y se vieron los frutos de esa estrategia. Hemos llegado también a las universidades, a los penales, se produce un ordenamiento jurídico militar, el tribunal constitucional retira el delito de función y se dieron leyes drásticas, inclusive para la propia fuerza armada. El rigor con que se comenzó a juzgar a los miembros de las fuerzas armadas era muy restrictivo y en el 93 Guzmán propone los acuerdos de paz. Hoy en día tenemos un grupo de mercenarios que toman como pretexto la ideología senderista: en la zona del VRAE se produce el 70% del narcotráfico que nos convierte en una amenaza internacional. ¿Qué pasó después del año 2000? Toda la fuerza armada sufre una persecución, a raíz del informe de la comisión de la verdad. Curiosamente en el año 2003 se viola el principio del fuero institucional militar para que calce en el tema de la comisión de la verdad. A los ciudadanos no nos van a contar en siete tomos lo que pasó. Por eso hay una demanda de escribir la historia desde la perspectiva de los hechos, pero siendo la guerra un hecho político, la solución es política. Por eso planteamos que después de este problema, siendo consecuentes con el decreto que crea la comisión de la verdad, debemos dar inicio al proceso de reconciliación.
¿Qué significa esto? Reconciliación es reconstrucción del tejido social que ha sido dañado como consecuencia del desamparo y desatención del Estado, ese tejido estuvo dañado mucho antes del año 80, y sigue dañado con la presencia del narcotráfico. En medio de este conflicto no resuelto es necesario iniciar la reconciliación nacional. Algunas organizaciones de derechos humanos y grupos políticos exigen que todos vayan presos, que todos paguen la culpa de lo ocurrido ¿Dónde estuvieron los grupos llamados hoy progresistas, de izquierda, caviares? ¿Y dónde está la culpa que te corresponde a ti como actor político, como ciudadano de ese momento? ¡Mientras los guachimanes del Estado estábamos en la guerra, ellos tomaban su café! ¡Ellos reciben su filón desde el extranjero, por eso se oponen a una solución!
Siendo este país extraordinariamente rico, delante del bicentenario de su independencia, proponemos, como parte de un frente, la creación de una Comisión de Reconciliación, que recoja el interés ciudadano en una solución política. Ninguno de los actos de las fuerzas armadas puede ser calificado de genocidio, deseamos que jurídicamente se resuelvan esos delitos para que todos sepamos qué ocurrió en el Perú. Curiosamente, los que defendieron al Estado son perseguidos ahora por ese mismo Estado. Esa comisión debe reparar a las víctimas del conflicto. El presidente Humala dijo que iba a ser presidente de la reconciliación, ese es su reto. Esta es una tarea muy difícil, pero es necesario iniciarla, porque es muy importante para el país, para reconstruir el tejido social” (A.M.)
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