1 de enero de 2013

DESPUÉS DE 26 AÑOS ESTADO PERUANO ENTREGA RESTOS DE 9 CIUDADANOS ASESINADOS EN EL FRONTÓN DURANTE EL PRIMER GOBIERNO DE ALAN GARCÍA



Después de 25 años de mantener secuestrados los cadáveres de 125 presos acusados de terrorismo y que fueron asesinados en el ex penal de El Frontón, el Estado peruano decidió entregar a sus familiares los restos de 9 personas. Como es sabido, estos cuerpos son parte del conjunto de reclusos asesinados el 18 y 19 de junio de 1986, en El Frontón y el penal de Lurigancho, que se amotinaron exigiendo el cumplimiento del acta suscrita con representantes del gobierno que los reconocía como presos especiales.
En ese momento, era presidente del Perú Alan García Pérez que convocó a un consejo de ministros y encargó a la Marina de Guerra la represión del motín del Pabellón Azul en El Frontón, la que mediante el uso desproporcionado de su fuerza, conforme lo ha sentenciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demolió ese pabellón con la muerte de 125 personas. Al Ejército se le encargó la represión de los presos de Lurigancho y a la Fuerza Aérea el penal de mujeres del Callao.

Después de estos penosos hechos, con cientos de muertos en todos los penales de Lima, Alan García convocó a una consejo de ministros para felicitar a las Fuerzas Armadas por tamaño crimen, y para ordenar el entierro clandestino de los presos asesinados con las armas del gobierno. Este entierro se realizó en las noches sucesivas al crimen en cementerios de Lima, Callao y Cañete, dándoseles a los cadáveres identidades que no les corresponden. Este hecho dificultó la identificación, además del desdén del Gobierno Peruano para dar los medios económicos para los exámenes de ADN, y entrega de víctimas.
En sentencia del año 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que “el
Estado peruano está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables”. Sin embargo, 25 años después, recién se entregan los cadáveres de las 9 primeras víctimas, y pese a que son decenas los marinos procesados por este crimen, hasta la fecha no se ha condenado a nadie, dejando abierta una herida muy grande entre los peruanos que dice mucho de la falta de un estado de derecho vigente y estable que castigue la vesania de estos actos criminales
que por su carácter de crueldad la justicia internacional los ha catalogado de delitos de lesa humanidad. (Nota de Prensa de la Asociación Americana de Juristas. 22 de noviembre, 2012)

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