OPINIÓN: DEFENDER LOS DERECHOS DEL MAGISTERIO Y EL PUEBLO

El 6 de Julio es el Día del Maestro, por tanto es nuestro propósito ver, aunque sea brevemente, el problema más apremiante que tiene el Magisterio Nacional, la violación de sus derechos fundamentales, dentro de ello, su derecho al trabajo, su estabilidad laboral, salario, beneficios sociales y subsidios concurrentes. Como sabemos el Estado y el gobierno aprista, sometidos al Banco Mundial, para profundizar la privatización de la educación pública, requiere antes imponer la flexibilización laboral tal como ha sucedido en otros sectores. Con este propósito la derecha a ultranza ha impuesto la ley anti laboral 29062, pretendiendo desconocer y erosionar la Ley del Profesorado 24029 y la Ley 25212, sometiendo hoy al Magisterio Nacional a una división artificiosa.

En esta artificiosa división, por un lado está el gran grueso del Magisterio Nacional que pertenecen a la Ley del Profesorado Nº 24029, son los que trabajan con nombramiento estable en la plaza, lugar y cargo, con derecho pensionario, con licencia en caso de enfermedad, con salarios que legalmente debieran ser reajustables de acuerdo al alza del costo de vida (Arts. 13 y 34 del Reglamento), con ciertas bonificaciones y subsidios legalmente reconocidos, pero que últimamente son burlados; con ascensos que se hallan congelados desde el 90, supuestamente por falta de presupuesto; y por el otro lado están los maestros, que a la fuerza se les ha involucrado en la Ley 29062, sin estabilidad laboral

e incursos en una flexibilización laboral de contratos periódicos y/o despido, por ende, imposibilitados de tener una futura pensión regular; con aparente “mejora” económica y sin goce de otros beneficios sociales y sindicales. En ambos casos se hallan sometidos a una vil explotación.

Pero ¿por qué se ha dado esta situación de división artificiosa? Por la sencilla razón, de que el Estado patrón, obediente a la oligarquía financiera internacional, está empeñado en seguir profundizando la privatización de la Educación Pública, y para que lo logre, busca antes barrear derechos y beneficios laborales de los maestros. Con esa intención el gobierno aprista a impuesto al caballazo la negra ley 29062, pomposamente llamada “ley de carrera pública magisterial”, la misma que fuera digitada desde el Banco Mundial, forzándose la promulgación en medio de una gran protesta y Huelga Magisterial Nacional en el 2007.

Antes que lo lleguen a promulgar, el Magisterio a través del CONARE SUTEP había presentado al Congreso de la República la relación de Derechos conquistados en la Ley 24029, las mismas que deberían respetarse e incluirse en esta nueva ley amañada; pero el gobierno aprista hizo caso omiso al petitorio, al contrario, aprovechándose del control que tiene sobre los medios de información, atacó alevosamente a los maestros para facilitar la promulgación; maquinó y sustituyó el proyecto que se venía tratando en la Comisión de Educación del Congreso; tampoco se debatió en la Plenaria del Congreso y menos se consultó al Magisterio Nacional. Los maestros saben, que la ley 29062 es uno de los tentáculos derivados de la Ley privatista de la Educación 28044; que en los Arts. 57, 14, 15, 16 hablan de evaluaciones (sesgadas) y recertificaciones que estarían a cargo del SINEACE.

En principio el Magisterio Nacional sostiene, que la evaluación es una característica propia de todos los seres humanos, para tener idea y conocimiento de cómo se está actuando, cómo se cumplen los planes y proyectos. No sólo se evalúa a las personas y autoridades, se evalúan las instituciones y las políticas en todos los planos.; por ello el CONARE SUTEP planteó correctamente: evaluación de todo el sistema educativo, que incluya la evaluación de las políticas educativas digitadas y fracasadas del Banco Mundial, evaluación del financiamiento deficiente, evaluación de la situación social y moral en que se hallan sumidos los alumnos, padres de familia y, por supuesto, evaluación del trabajo de los maestros de acuerdo a la Ley del Profesorado 24029, que no sea para despedir ni contratar, sino para nombrar, estimular, mejorar la calidad educativa y posibilitar la realización profesional del docente. El centro de la nefasta ley 29062 es la imposición de un tipo de evaluación unilateral que no toma en cuenta el trabajo real y dedicación del docente en el aula y fuera de ella, ni mide el afecto y relación permanente que se tiene con los alumnos y padres de familia; al contrario, la evaluación unilateral tiene objetivos políticos, punitivos e inmorales.

Objetivos Políticos, porque cumple con el plan del Banco Mundial: aplicar la flexibilización laboral para facilitar la mayor privatización de la educación pública. El gobierno aprista, desde el inicio (evaluaciones “censales”) las usó para desprestigiar, quebrar la moral profesional y acondicionar la promulgación de ley 29062; luego (evaluaciones de ascenso) las usa para endulzar e incorporar a la ley 29062, y en un tercer momento (evaluaciones permanencia o desempeño) las utilizará para concretar los despidos e imponer sólo las contratas; liquidando de esta manera los derechos de la Ley 24029; apetitos que también se reflejan en la ley 29510 en que liberalizan la profesión docente y en el famoso CAS, donde pisotean al extremo los derechos de los trabajadores.

“¿Por qué se ha dado esta situación de división artificiosa? Por la sencilla razón, de que el Estado patrón, obediente a la oligarquía financiera internacional, está empeñado en seguir profundizando la privatización de la Educación Pública.”

Tiene Objetivos Punitivos, porque con sus evaluaciones ya han perjudicado a los nuevos maestros que ingresan sin nombramiento estable, sólo son contratas temporales; y a los que se incorporan vía ascenso de nivel. Por ello el gobierno, pese a sus fracasos continuos, insiste en la incorporación a la ley 29062 desplegando una millonaria y desesperada campaña publicitaria, haciendo caer a algunos maestros no esclarecidos o aherrojados por una dádiva; los mismos que después serán sometidos a las evaluaciones de permanencia (Art.6 inc. “g” y 9); en la que si “aprueba” le renovarán su contrato para 3 años (Art.28, inc. “a”); y si desaprueba, simplemente lo despedirán y retirarán definitivamente de la Carrera Magisterial (Art.29), dando término a su relación laboral.

Y tienen Objetivos Inmorales, porque a través de estas evaluaciones se ha demostrado hasta la saciedad, el alto grado de corrupción y podredumbre que se halla instalada en las altas esferas del Ministerio de Educación, habiendo denuncias de venta de pruebas y acomodos. El gobierno aprista, fiel a su característica, no sólo ha manejado, sino que ha manipulado a su antojo las evaluaciones de ingreso (15-11-09), las de Contrato y en los mismos ascensos de nivel. En esta última, al propósito, han aprobado al 97% de los que se presentaron, con el fin de que otros se animen y sigan cayendo en esta trampa mortal de la incorporación; pero lo más grave será cuando este mismo mecanismo lo usen en las futuras evaluaciones del desempeño o “permanencia”, según su ley.

¿Qué hacer frente a este grave problema? En primer lugar se debe defender la vigencia y los alcances de la Ley del Profesorado 24029. Concretamente debe haber tres tipos de evaluaciones: Evaluación para el ingreso al Magisterio. Evaluación para el ascenso de nivel que tome en cuenta el tiempo de servicios, el desempeño laboral en el aula y plantel, estudios, actualizaciones (o capacitaciones) y méritos, los mismos que pueden ser reajustados a través de una norma específica; y, Evaluación para ocupar cargo jerárquico. No debe haber cabida para la “flexibilización laboral” que significa despidos y sólo contratos. A la vez, luchar por la Derogatoria de la Ley 29062, cuyos maestros incorporados deben pasar a la Ley del Profesorado Nº 24029 y gocen de los mismos derechos, dentro de ellos, principalmente su estabilidad laboral y beneficios logrados. Este alcance la hacemos llegar al reciente Presidente Ollanta Humala que se ha empeñado en hacer una revolución educativa y cuyos maestros militantes de “Gana Perú” han sido parte del Movimiento Magisterial que ha luchado contra la privatización y negación de los derechos fundamentales.

En segundo lugar el Magisterio Nacional, aparte de seguir cultivando una rigurosa autoevaluación, debe recuperar su capacidad pedagógica de investigación, proposición y transformación de la calidad educativa, dentro de ello, realizar acciones de actualización, esfuerzos conjuntos con las APAFAs para coadyuvar a la solución de los problemas, sobre todo, para defender el derecho del pueblo a la educación, cerrando el paso a la privatización de la educación que lo quieren imponer vía la municipalización, con el propósito de empeorar la crisis educativa, evadir su responsabilidad social y tener mayores pretextos para privatizarla.

Simultáneo a esto, el Magisterio tiene una agenda propia, dentro de ella exigir el descongelamiento de la Ley del Profesorado 24029; exigir un Aumento General de Salarios para todos los Trabajadores en la Educación, de acuerdo a la canasta familiar y cumpliendo con el principio de equidad laboral y económica, que dice: a igual tiempo, actitud y trabajo, corresponde percibir una igual y justa remuneración.

Prof. Diómedes Pajonal Vabrialca