COMUNIDAD CAMPESINA SAN
JUAN DE CAÑARIS
Distrito Cañaris
Provincia Ferreñafe Departamento Lambayeque
Reconocida e inscrita
por el Decreto Supremo Nº 54, el 10 de octubre de 1956
COMUNICADO
Saludamos y agradecemos a todos los
hermanos y hermanas comuneros, a la población de Lambayeque y Cajamarca y al
pueblo peruano, por el apoyo mostrado hacia nosotros ante los lamentables hechos
que vienen ocurriendo en nuestra Comunidad; al respecto manifestamos lo
siguiente:
PRIMERO: Lamentamos los hechos de violencia y
discordia ocurridos hasta el momento en los alrededores del Cerro Opaypetaj,
Maríayhuacay campamento minero, responsabilizamos de esta situación a la
Empresa Cañariaco Cooper S.A. y al Ministerio de Energía y Minas por no oir la
voz de nuestras hermanas y hermanos comuneros, manifestada en la Asamblea
General a voto secreto. Realizada el 30 de setiembre del 2012, en la cual
decidimos no dar permiso social a la mencionada empresa para las actividades
exploratorias en los terrenos que en propiedad nos pertenecen. Asimismo
mostramos nuestro dolor y aflicción por los heridos, resultado de la represión
policial, para ellos nuestra solidaridad y apoyo cuando sea requerido.
SEGUNDO: Aclarar que nuestras hermanas y
hermanos ronderos en ningún momento han provocado actos de violencia, somos una
comunidad pacífica que ha mostrado durante largo tiempo que podemos resolver
nuestros problemas con diálogo, muestra de ello son las diversas comitivas y
documentos enviados a las autoridades políticas centrales y regionales para
encontrar una solución a la problemática del Proyecto Cañariaco Norte, Cañariaco
Sur y Quebrada Verde; son ejemplos: el oficio 074-2012-CCSCJ dirigido a la Ing.
Joan Freeze (Presidente y CEO de Candente Cooper Corp.) y al Ing. Marco
Marticorena (Gerente General de Cañariaco Cooper S.A.); y el oficio 073-2012-
CCSJC dirigido al Dr. Manuel Castro Baca (Director General de Asuntos
Ambientales) y al Dr. José Luis Carbajal (Director General de la Oficina
General de Gestión Social), por los cuales dimos a conocer los acuerdos tomados
en la asamblea del 30 de setiembre solicitando se suspenda el permiso de
exploraciones mineras a la empresa Cañariaco por no contar con permiso de
nuestra Comunidad. Además, específicamente como miembros de la Junta Directiva
de la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris, conforme consta en la partida electrónica
Nº 02109981 de ka II zona registral –sede Chiclayo, no hemos promovido actos de
violencia contra la vida, el patrimonio o la seguridad del Estado. No obstante,
al enterarnos de los hechos ocurridos el 5 de diciembre y después de
comunicársenos la represión policial contra nuestros hermanos y hermanas
comuneros hemos decidido solidarizarnos con esta medida de protesta iniciada.
TERCERO: Nuestra comunidad a través de su
máximo órgano, la Asamblea General, decidió no otorgar permiso a la Empresa
Cañariaco Cooper Perú S.A., para realizar actividades exploratorias; pues considera
que debemos proteger los maravillosos bosques húmedos, únicos en el
departamento de Lambayeque, que resguarda una variada fauna y flora; diversidad
que no podemos destruir por un proyecto minero. Asimismo, considera que las
cuencas y nacientes de agua deben ser protegidos para mantener las actividades
agropecuarias en los Valles de Jaén y Motupe; esto al amparo del sentido común
y el articulo 75 de la Ley de Recursos Hídricos que a la letra dice: “El Estado
reconoce como zonas ambientalmente vulnerables a las cabeceras de cuencas donde
se originan las aguas”. Más aún, considera que cuando a nivel mundial se dan
alertas de hambruna e inseguridad alimentaria, debe desarrollarse y tecnificarse
la agricultura de nuestra localidad.
CUARTO: Respecto a la actividad minera, la
Junta Directiva y la Asamblea General han sentado su posición: no somos
antimineros pues comprendemos que la minería es una actividad económica que
rinde grandes ganancias para nuestra nación; no obstante, la minería debe
desarrollarse en lugares en donde no ponga en riesgo cabeceras de cuenca y
valles agrícolas altamente productivos. Además, somos de la opinión de que
deben imponerse nuevas reglas a la minería para generar mayor beneficio, desde
hace mucho se sabe de las inmensas ganancias que se llevan las empresas
transnacionales; riqueza que debe compartirse con la nación peruana por lo que
estamos de acuerdo con que se imponga mayor impuesto a la minería y eleven los
pagos de indemnización al campesino por su tierra.
QUINTO: Rechazamos los insultos y
difamaciones vertidos por algunos medios y personajes de la política nacional y
regional, exigimos se retracten de lo dicho pues es totalmente falso que existen
detrás de esta medida de lucha intereses partidarios o intereses de la minería
informal, sus declaraciones buscan desprestigiar a nuestra comunidad.
SEXTO: Aclaramos que los dirigentes de la
Junta Directiva no estamos organizando las medidas de protesta iniciadas en
nuestra comunidad, es la Asamblea General, la que en decisión comunitaria
conduce las medidas, nosotros como dirigentes no podemos más que acudir a su llamado
y dar nuestra voz y voto por luchar pacíficamente y respetando el Estado de
Derecho, como lo hemos hecho siempre.
JUNTA DIRECTIVA - ENERO 2013
El
depósito contiene recursos medidos
e indicados por un total de 752.4 millones de toneladas con ley de 0,45% de cobre, 0,07 g / t de oro y 1,9 g / t de plata
(0,52% Cu equivalente) que contiene 7,533 mil millones libras de cobre, 1,7
millones de onzas de oro y 45.2 millones de onzas de plata. Además, el depósito
contiene 157,7 millones de toneladas de recursos inferidos que contienen 1434000000
libras de cobre. (Web Candente Cooper Corp.)
El Comité de Lucha de la Comunidad Campesina
San Juan de Cañaris decidió mantener suspendidas sus medidas de protesta hasta
el 2 de marzo, fecha en la que el Gobierno se
ha comprometido a llevar adelante una mesa
de diálogo. Después de esta fecha y de acuerdo a los planteamientos que los
representantes del gobierno ofrezcan a la comunidad, ésta decidirá qué medidas tomar.
Rosa Huamán, presidenta de las Rondas Campesinas en Cañaris, detalló que la
protesta sigue, solo que se mantiene suspendida hasta la fecha establecida. Al
respecto, Fernando Castillo Torres, director de Gestión Social del MEM,
adelantó que el Estado peruano no puede disponer la paralización de un proyecto minero que cuenta con todas las
licencias y permisos que le exige la ley –como es el caso de Cañariaco- porque si
lo hiciese estaría vulnerando el marco legal y la Constitución.
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