Creer que los conflictos del Estado español con las demandas del pueblo vasco carecen de un fondo político es una necedad. Durante la guerra civil española (1936-1939), los conflictos de los vascos con el carlismo –que los tenía avasallados- se agudizaron en la búsqueda de su autonomía, por ello en octubre de 1936 se proclamó el Estatuto Vasco, una especie de declaración de la independencia y constitución. El estatuto fue abolido por los franquistas a sangre y fuego cuando se hicieron del control de los sitios más importantes, Bilbao, entre ellos. Muchos vascos tuvieron que salir del país, refugiarse en el País Vasco Francés o en algunos países de Hispanoamérica.
Hubo que esperar hasta la muerte de Franco, y las nuevas condiciones políticas de España en 1977, para que se reconocieran las aspiraciones de autogobierno del territorio vasco. Algunas negociaciones propiciaron un nivel de entendimiento, pero un vasto sector de la población no acepta las imposiciones del gobierno central, y ello a lo largo de los años dio lugar a una izquierda firme y contestataria, que sigue actuando clandestinamente, de la que emana el movimiento llamado ETA. A esta izquierda y a la ETA pertenecen principalmente los numerosos presos políticos de España, cuyos representantes recientemente expresaron su disposición para un alto al fuego.
Las restricciones cada vez más abusivas del Estado español contra los derechos civiles , políticos y económicos hicieron que recientemente se paralizara el país en una huelga general. Mientras tanto, el 2 de octubre, en una manifestación sin precedentes -que sin duda fue obviada por la mayor cantidad de medios de comunicación del mundo- el pueblo vasco tomó masivamente las calles de Bilbao y pronunció su rechazo a la situación actual. Existe una mayoría social en el País Vasco que está a favor de superar el conflicto armado de la única manera en que es posible, políticamente, lo que significa el cese de toda actividad armada y violencia por todas las partes (incluida la tortura, sistemáticamente negada por el Estado), y el reconocimiento al ejercicio democrático de autodeterminación del pueblo vasco.
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