Después de 25 años de mantener
secuestrados los cadáveres de 125 presos acusados de terrorismo y que fueron
asesinados en el ex penal de El Frontón, el Estado peruano decidió entregar a
sus familiares los restos de 9 personas. Como es sabido, estos cuerpos son
parte del conjunto de reclusos asesinados el 18 y 19 de junio de 1986, en El
Frontón y el penal de Lurigancho, que se amotinaron exigiendo el cumplimiento
del acta suscrita con representantes del gobierno que los reconocía como presos
especiales.
En ese momento, era presidente del
Perú Alan García Pérez que convocó a un consejo de ministros y encargó a la
Marina de Guerra la represión del motín del Pabellón Azul en El Frontón, la que
mediante el uso desproporcionado de su fuerza, conforme lo ha sentenciado la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, demolió ese pabellón con la muerte de
125 personas. Al Ejército se le encargó la represión de los presos de
Lurigancho y a la Fuerza Aérea el penal de mujeres del Callao.
Después de estos penosos hechos, con
cientos de muertos en todos los penales de Lima, Alan García convocó a una
consejo de ministros para felicitar a las Fuerzas Armadas por tamaño crimen, y
para ordenar el entierro clandestino de los presos asesinados con las armas del
gobierno. Este entierro se realizó en las noches sucesivas al crimen en
cementerios de Lima, Callao y Cañete, dándoseles a los cadáveres identidades
que no les corresponden. Este hecho dificultó la identificación, además del
desdén del Gobierno Peruano para dar los medios económicos para los exámenes de
ADN, y entrega de víctimas.
En sentencia del año 2000, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ordenó que “el
Estado peruano está obligado a hacer
todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas
y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos y procesar
y sancionar a los responsables”. Sin embargo, 25 años después, recién se
entregan los cadáveres de las 9 primeras víctimas, y pese a que son decenas los
marinos procesados por este crimen, hasta la fecha no se ha condenado a nadie,
dejando abierta una herida muy grande entre los peruanos que dice mucho de la
falta de un estado de derecho vigente y estable que castigue la vesania de estos
actos criminales
que por su carácter de crueldad la
justicia internacional los ha catalogado de delitos de lesa humanidad. (Nota
de Prensa de la Asociación Americana de Juristas. 22 de noviembre, 2012)
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