El grupo Memoria del
Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reúne en su entorno a un conjunto de científicos
sociales e investigadores cuyo objeto de estudio es generalmente el llamado
conflicto interno. Es así que en esas mesas se presentaron tesis, publicaciones
y ensayos que indudablemente aportan a la reflexión sobre la historia reciente
del Perú.
El jueves 30 de mayo se
reflexionó a propósito del estudio de Miguel Ledezma “Tres ópticas sobre el conflicto
armado interno a través de la literatura”. Para ello, el joven investigador ha
analizado tres novelas de reciente publicación: “Ese camino existe” de Fernando
Cueto, “La noche y sus aullidos” de Sócrates Zuzunaga, y “Trece días” de Agustín
Machuca. “Queremos instar a que se tome en cuenta las ficciones porque en ellas
se configura la posición tanto ideológica como ética de un sujeto que no se
desprende del aspecto social y que mediante su discurso quiere colocar su
representación de lo que significó el conflicto armado interno”, afirma
Ledesma.
Inevitablemente, la
conversación giró en torno a la relación entre la realidad y la ficción, y el
papel que el arte y la literatura puede cumplir como forma de testimonio
histórico. No hay duda que cumple tal papel, como lo sugiere Miguel Ledesma.
Sin embargo, creemos que el problema principal que actualmente caracteriza esta
temática es que a pesar de las numerosas obras y relatos, aún permanece en un
limbo que sólo da réditos a las editoriales que han hecho del suceso un
material comercial, con autores que no necesariamente pugnan por una verdad
histórica que permitiría conocer mejor el presente. No obstante ello, espacios
críticos y reflexivos como el que sostiene el grupo Memoria del IEP,
contribuyen a la necesidad de esclarecer un acontecimiento que el Estado sigue
empeñado en negar. (A.M.)
¡DEROGATORIA AL DS 054-2013-PCM!
El Centro de Estudiantes de
Arqueología de San Marcos rechazó el Decreto Supremo 054, dado por el actual gobierno
e impulsado por el Ministerio de Cultura, porque atenta contra la protección
del patrimonio arqueológico de la Nación, en su afán de incentivar el
desarrollo de obras de infraestructura y saneamiento a lo largo del territorio
peruano con la inversión privada extranjera (en especial en el sector extractivo),
el mismo que ha atentado muchas veces contra los derechos de las comunidades
nativas. En esta ocasión, afirmaron en un pronunciamiento, se atenta
directamente contra el patrimonio arqueológico al considerar como “innecesarios”
los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA) y pretender que sólo se den
Trabajos de Monitoreo Arqueológico durante la elaboración de los proyectos de
inversión.
Creemos, dicen, que estas políticas
deben ser consensuadas y orientadas, si bien principalmente a la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos, a la protección no sólo del patrimonio
arqueológico e histórico, sino también a la protección de los diferentes
ecosistemas que coexisten dentro de nuestro territorio. “Consideramos que los
PEA es el arma que tenemos los arqueólogos para poder preservar y hacer
respetar el Patrimonio Cultural Material de nuestro país. Rechazamos que se
pretenda acortar los plazos para la aprobación de proyectos de inversión y de
considerar la no respuesta como una aprobación. Rechazamos la intención del gobierno
que en 10 o 15 días se puedan analizar correctamente los planes de trabajo
entregados por los inversionistas al Ministerio de Cultura. Se debe entender la
naturaleza del registro arqueológico y la importancia que cada sitio, por
insignificante que les pueda parecer a algunos, tiene para ampliar el
conocimiento de nuestro pasado”.
“Hacemos un llamado a la comunidad
arqueológica, y científica en general, a permanecer unidos frente a este claro
atentado contra el Patrimonio Cultural Material de la Nación. Igualmente
invitamos a todos nuestros compatriotas a informarse y tomar conciencia de los
muchos atentados contra nuestra herencia cultural hecha por muchos funcionarios
públicos y por el mismo Ministerio de Cultura (cabe resaltar el caso de Puruchuco)
que atenta no solo contra el patrimonio de la Nación sino también contra el
derecho de todos los peruanos de conocer nuestro pasado”, afirmaron.
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