SUCESOS DE LA PARADA

“No se puede invocar la modernidad para despojar derechos”, nos dijo un joven dirigente, pocos días antes de los sucesos vividos en la Parada que ha costado la vida de cuatro ciudadanos, de cientos de heridos y detenidos, y la sensación que la clase en el poder se precipita al militarismo, como un caballo desbocado y sin freno.

La Parada era un enorme pampón hace 68 años cuando fue donado por un acaudalado vecino, dueño de tierras, con la finalidad de hacer allí un enorme mercado. Y efectivamente éste fue el último paradero de los camiones y autos de trasporte que llegaban desde la sierra central.

Era el mercado de La Parada. Y en su entorno giró la producción agrícola de buena parte del campesinado peruano. Una cadena de agricultores y vendedores, generaciones de productores de los alimentos que abastecían a Lima convertidos después en comerciantes. La ley del dinero se impuso en la zona y, como es sabido, al calor del fácil intercambio, el lugar se llenó de bares y restaurantes, de hoteles al paso.

Para muchos limeños La Parada se convirtió en un lugar mítico porque a su vez generó un enorme mercado de pulgas, Tacora, corazón del lumpen y los reducidores.

Ahora, ejerciendo el estilo de moda “golpea primero y dialoga después”, se invoca los valores ciudadanos para justificar una brutal represión contra los trabajadores, comerciantes y vecinos de la zona, alegando que iban a instalar una valla para los camiones. Bien se sabe que lo que se quiere es el terreno, ésta es una medida para arrebatarles el espacio contiguo a Gamarra, emporio comercial donde recientemente pasearon la “primera dama” y la secretaria del Estado USA, Hillary Clinton. Miserable papel cumplió el alcalde de La Victoria, vinculado al exitoso negocio de arquitectura y la construcción civil, que creó la especie de que los comerciantes habían dado 100 soles a los que enfrentaron a las tropas policiales. Y es lo que repitieron mecánicamente los medios de comunicación, con el deliberado propósito de inclinar con tal miseria la opinión del público. Muchos infundios han prosperado, el recurso del cobarde es la mentira. La generalización, el ver todo aplanado como una torta, sin perspectivas, lleva a esos “líderes de opinión” a ver delincuentes, prostitutas y matones donde hay trabajadores y trabajadoras, gente que a pulso, provincianos en general, se gana la vida día a día y que con su trabajo potenció este enorme mercado.

El propósito de trasladar el mercado fue postergado de alcalde en alcalde, hasta que llegó la “rotunda y decidida” alcaldesa. Las acusaciones se repetían una y otra vez, que La parada era sucia, llena de gente de mal vivir, etc. Nunca se dijo que los vendedores de La Parada eran inquilinos que pagaban una merced conductiva, y que la administración de los cobros estaba en manos de EMMSA, empresa de la Municipalidad, que recibía 40,000 soles diarios por peaje, alquileres e impuestos a los ambulantes.

El orden y la limpieza estuvieron siempre bajo responsabilidad de la Municipalidad. Con tal recaudación este podría ser un mercado modelo. ¿Y qué se hizo de los 3 millones que EMMSA recibió de la Municipalidad para subsanar las observaciones que en el año 2011 hizo Defensa Civil.

Si nunca se reparó nada, ¿dónde quedó el dinero? Los delincuentes de cuello y corbata hicieron la suya. El 23 de octubre, por tercera vez, una marcha multitudinaria en dirección al Congreso de la República llenó la Avenida Abancay con la demanda de trabajadores y comerciantes del Mercado Mayorista (La Parada) por preservar su centro de trabajo y contra el propósito de la Municipalidad de Lima de desaparecer este mercado que en los hechos es un complejo sistema de comercialización que acoge a miles de personas, que en medio de contradicciones, desde que les llegó la noticia de la inminente liquidación del mercado, se unieron en un comité. Ellos encabezando la marcha presentaron hace pocos días la solicitud formal al Congreso de la República que le pedía interceder ante el inminente atropello de la Municipalidad.

La defensa del trabajo es un valor muy alto para los trabajadores. ¿Cuáles eran sus propuestas? “En primer lugar, rechazamos que se nos presente como enemigos de la modernidad.

Somos los primeros interesados en mejorar la calidad del servicio, mejorar las condiciones de trabajo, pero la modernidad debe incluir los derechos y las necesidades de las personas. No se puede invocar la “modernidad” para despojar derechos, poner en riesgo inversiones y autonomía alimentaria, poner en riesgo la campaña agrícola de los campesinos –cuyo pequeño capital no les permite desenvolverse autónomamente–, y es el mayorista el que le financia el 50% de su campaña agrícola por adelantado. Estamos por los cambios y la modernidad, siempre que se consideren a todas las personas que han creado este sistema de comercio. Porque este es un sistema comercial. No solo es el terreno. Este es un sistema que involucra desde el campesino productor, al transportista camionero, el estibador rural, el comerciante mayorista, el estibador de mercado, el carretillero, el comprador minorista –el sistema de 1,200 mercados en todo Lima–, y los comerciantes de alrededor. Para nosotros, toda propuesta de modernización de nuestra actividad debe considerar todo el sistema.

La segunda cuestión: cualquier reubicación o traslado de este sistema comercial debe tener la infraestructura suficiente y adecuada para cada tipo de producto y servicios complementarios (actividad de los carretilleros, estibadores, estacionamiento para camioneros).

En tercer lugar, planteamos que el modelo de gestión, sea en Santa Anita o en otro lugar, debe instalar a todos allá y todos allá concertemos planes de modernización con metas verificables, y los que no quieren adecuarse a los cambios de mejora, de superación, se quedan afuera pero por su propio descuido. Que no sea una decisión administrativa la que expulse a la gente a la desocupación.

Finalmente, planteamos que para implementar estos puntos previos, es necesario que se instale una mesa de trabajo con la Municipalidad de Lima. Proponemos que la negociación sea con una institución mediadora que modere este debate, y puede ser el Congreso, para que la opinión pública sepa qué es lo que se debate realmente”.

En la marcha obcecada hacia una nueva acumulación originaria y la búsqueda de facilitar el camino a los intereses monopólicos en el sector alimentos, la alcaldesa -avalada por el gobierno- ha arremetido contra el pueblo y su derecho fundamental al trabajo, con el infausto resultado de cuatro muertos, decenas de heridos y detenidos. Al pie de la revocatoria, todos se culpan pero están de acuerdo en el justo homenaje al caballo. (A.M.)